El pueblo-voto y el pueblo-veto*

por Esteban Rodríguez Alzueta

No hay democracia sin contrademocracia. La frase no es mía sino de Pierre Rosanvallon, una frase que, en tiempos de pereza intelectual, conviene aclarar para no hacerle decir al sociólogo francés cosas que no dijo.

Sabemos que cada 2 o 4 años los ciudadanos somos convocados para expresar nuestra opinión sobre los candidatos y los programas que sostienen los partidos a los que representan. Un voto que se concentrará sobre el trazo grueso, porque sabido es también que los programas no suelen ser accesibles y tampoco están muy desarrollados ni especifican el orden de prioridad. De modo que la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Son un punto de partida que después deberá completarse con las discusiones parlamentarias pero también con las movilizaciones callejeras, las concentraciones en espacios públicos, las huelgas y los piquetes. Porque el debate en el Congreso se hace con los debates en el mundo del trabajo, en la feria de la esquina, en los pasillos de la universidad o el barrio, las discusiones que tenemos arriba del taxi o en el colectivo, pero también con la intensidad que le agregan las protestas sociales.

 

La historia de la democracia es indisociable de la historia de la contrademocracia. Si la democracia es una expresión de confianza, la contrademocracia será la expresión de la desconfianza. Una desconfianza que se organiza de diferentes maneras, a veces a través de poderes de control (con observatorios y veedurías; mecanismos de rendición de cuentas o sistemas de accountability) y juicios (el impeachment inglés; el recallestadounidense; los jury, las comisiones de verdad y justicia; los escándalos y leading cases mediáticos) y otras veces con distintas formas de obstrucción (las diferentes formas de protesta social y rebeldía). Lograr que se retire un proyecto de ley o la facultad de impedir que se aplique una vez sancionado, forman parte del juego democrático. El pueblo-voto (que afirma) se completa con el pueblo-veto (que niega). Las movilizaciones callejeras son una forma de contrapoder o, mejor dicho, el correctivo que subyace a la vida democrática, una manera de practicar el disenso y poner a prueba la reputación de un poder.

A través de estas expresiones los ciudadanos manifestarán su desconfianza. El voto entregado en cada jornada electoral es nuestra expresión de confianza. Pero ese voto de confianza no puede ser un cheque en blanco. Más aún, con la historia que tenemos, con todas las traiciones a cuestas que cargamos, tenemos fundadas sospechas para ser desconfiados. El pueblo necesita guardarse una reserva de desconfianza para no regalarse frente a cualquier gobierno.

 

El macrismo se apoya en el institucionalismo de la UCR para retrotraernos al siglo XIX y transformar —de paso— la mayoría en totalidad. Ambas expresiones políticas piensan la democracia desde la lógica de la representación, acotando la democracia a las “piedras de papel”. Como dice la Constitución Nacional en el artículo 22, “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Una frase bonita pero escrita hace más de cien años atrás, pensada para un contexto que no es el nuestro. En efecto, entre 1853 y nosotros hay 160 años en el medio, casi un siglo de movilizaciones obreras, estudiantiles, de organismos de derechos humanos, de mujeres, desocupados y precariados. Acotar la democracia al sufragio electoral, es decir, al debate parlamentario, implica clausurar la política para las distintas minorías y ejercer una forma de censura previa.

Los debates de los representantes son tan importantes como la participación callejera. La “contrademocracia” no sólo le agrega pluralismo sino legitimidad a los debates. En las democracias del siglo XXI el pueblo delibera todo el tiempo y lo hace a veces a través de sus representantes pero, otras veces, lo hace además a través de votos de desconfianza callejera.

* Publicado originalmente en "El Cohete a la Luna"

   https://www.elcohetealaluna.com/pueblo-voto-pueblo-veto/

 

 

Representación y Violencia

por Manuel Vázquez

Debemos repensar la Violencia Estatal expresada en la brutal represión a la multitudinaria marcha que se expresó en oposición al ajuste de las jubilaciones y las AUH. Hacerlo reponiendo los principios del gobierno representativo para poder salir de la encerrona discursiva que proponen los principales medios de comunicación y que nutre el sentido común de la población.

El tratamiento dado por el discurso mediático hegemónico puso el foco del análisis en la violencia expresada por los manifestantes ante una práctica legítima de un Estado democrático y republicano: la discusión y el tratamiento de una ley en el parlamento.  

No es inocente el posicionamiento de los principales medios –en línea con el gobierno– intentando instalar un sentido común que iguale la expresión popular con la violencia. Que equipare protesta y violencia. Que oculte la violencia Estatal detrás de un accionar con pretensión de “legitimidad”, reconvertida en una fuerza “indispensable” para el restablecimiento del orden y de la paz.

Inmerso en este recorte, el panelista de tv afirma contundentemente que la protesta social atenta contra el republicanismo, contra las instituciones, toda vez que  “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Es decir, una vez que vota no debe seguir expresándose, o bueno…. puede hacerlo a riesgo de ser juzgado de violento.

Y el argumento es fuerte, ya que se trata de una máxima indiscutible de las democracias representativas. Es un postulado central que esgrimen aquellos defensores acérrimos de la institucionalidad (detractores de los gobiernos “populistas”) frente a situaciones como las ocurridas el pasado jueves frente al Congreso Nacional.

Pero no mencionan que éste es sólo uno de los cuatro principios esenciales de los gobiernos representativos. Según el clásico texto del politólogo Bernard Manin desde que se inventó esta forma de gobierno, se han observado invariablemente cuatro principios en los regímenes representativos:

  1. Quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares.

  2. La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto de los deseos del electorado.

  3. Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan.

  4. Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.

Como mencionamos más arriba, el segundo de los principios es el postulado que defienden los abanderados del republicanismo y del institucionalismo, y quiere decir que los representantes no tienen mandato imperativo, por lo que no tienen la obligación de cumplir con sus promesas. En palabras de Manin “es un hecho que los mecanismos institucionales del gobierno representativo permiten a los representantes cierta independencia respecto de las preferencias de su electorado”. En este caso, por ejemplo, el jefe de gabinete expresó públicamente en la campaña de las últimas elecciones legislativas que no iban a promover una reforma previsional, y luego de pasados los comicios el gobierno impulsó velozmente un proyecto en ese sentido. Este accionar, aunque violento y cuestionable éticamente, está contemplado en los mecanismos de los gobiernos representativos.

Justamente como contrapeso de este principio y frente a los posibles abusos de los representantes se enuncia el tercer principio, que tiene que ver con la libertad de opinión y protesta. Es decir, cuando el pueblo siente que su voz es desoída por sus representantes, cuando el pueblo no se siente representado, tiene el derecho de hacer oír su voz frente a los mismos. En este caso, el pueblo que se siente avasallado en sus derechos y traicionado frente a la promesa de campaña se manifiesta en las calles en contra de las medidas de gobierno.

Pero el discurso oficial y mediático pone el foco en la violencia de la manifestación, que atenta contra el republicanismo. Se clausura el debate sobre las políticas que se pretenden implementar y la legitimidad de las mismas. En definitiva sobre aquello que el pueblo quiere expresar. Se descontextualiza esa expresión y se la considera violenta. No se la sitúa frente a  otras violencias, frente a esa otra gran violencia. No se habla de la dimensión moral de la violencia, la de un Estado que pretende avanzar sobre los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los jubilados y los beneficiarios de la AUH. De la violencia que genera un gobierno que engaña a sus representantes. Tampoco se habla de la dimensión física de un Estado que reprime la voz del pueblo, que pretende suplir  la falta de legitimidad de sus medidas con balas y gases.

El discurso mediático y oficial pretende despojar de legitimidad a la expresión popular, al derecho de protesta, etiquetando de violentas las expresiones de rechazo a las medidas impopulares. El que en rigor ve cuestionada su legitimidad es un gobierno representativo que no hace otra cosa que reprimir y callar la voz de sus representados.

La representación es violenta cuando pretende obturar la expresión del pueblo. El Estado encuentra en la violencia la forma de implementar medidas de gobierno antipopulares. En definitiva, el gobierno representativo es violentado.

LABORATORIO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES  -  lesyc@unq.edu.ar

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